Asesinato de Jonathan Meléndez y su familia
Jonathan Meléndez, integrante de la banda de rock mexicana Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y su ama de llaves en un ataque brutal en Atizapán, México. Este caso ha sido catalogado como uno de los peores ataques con llave en la historia del país.
Detalles del crimen
Según informes de la Fiscalía del Estado de México, el 1 de septiembre se encontraron los cuerpos de Meléndez, su esposa de cuatro meses de embarazo, su hija y su ama de llaves, así como el perro de la familia. Todos presentaban heridas de bala y fueron hallados atados en su apartamento.
Los medios locales han vinculado estos crímenes a las tenencias de criptomonedas de Meléndez, quien supuestamente poseía bitcoin por un valor de 1.5 millones de dólares en un monedero de hardware.
Detención de los sospechosos
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció la detención de dos sospechosos menos de 12 horas después de los crímenes. Uno de ellos, identificado como Diego Sebastián “N”, era un conocido de Meléndez y utilizó esa relación para acceder a su hogar. Junto a él, Gerardo “N” también fue arrestado, y se les prometieron casi 120,000 dólares por su colaboración en el crimen.
La investigación sugiere que ambos sospechosos eran conscientes de las tenencias de criptomonedas de Meléndez y asaltaron la vivienda en busca del monedero de hardware. Durante el asalto, Meléndez amenazó a sus atacantes, lo que llevó a los criminales a no dejar testigos y a cometer múltiples asesinatos.
Reacciones y contexto
“Es una situación muy triste y lamentable”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa, refiriéndose al caso.
Estos asesinatos se producen en un contexto de aumento en los ataques con llave a nivel internacional, donde incluso líderes de intercambios y personas de alto perfil han sido blanco a medida que las criptomonedas se vuelven más populares.
Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” enfrentan hasta 70 años de prisión por cada víctima de asesinato en primer grado.
