Revés Judicial en el Caso de XRP
Un juez federal infligió un gran revés en el caso de alto riesgo de XRP, rechazando el acuerdo de Ripple con la SEC y haciendo cumplir la pena completa y las restricciones legales. La jueza del Distrito de EE. UU., Analisa Torres, dictó el 26 de junio que Ripple Labs no puede disolver una orden judicial impuesta por el tribunal ni reducir su pena civil de 125 millones de dólares derivada de la venta de XRP.
Detalles del Caso
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Ripple solicitaron conjuntamente al tribunal anular su Sentencia Final de 2024, que prohibía permanentemente a Ripple violar la Sección 5 de la Ley de Valores. Ambas partes buscaban resolver sus apelaciones en curso, proponiendo una reducción significativa en la pena de Ripple y la eliminación de la restricción legal.
«La moción de las partes para una sentencia indicativa es DENEGADA».
Sin embargo, Torres desestimó la moción, enfatizando que las sentencias finales deben permanecer a menos que circunstancias extraordinarias justifiquen la liberación. Ripple había argumentado que el tribunal debería respaldar un acuerdo de conciliación posterior a la sentencia, condicionado a la reducción de su pena y al levantamiento de la orden judicial.
Reacciones y Conclusiones
La SEC había solicitado originalmente casi 1 mil millones de dólares, pero aceptó una cantidad reducida después de que el tribunal determinara que Ripple había vendido ilegalmente XRP a inversores institucionales. A pesar de las afirmaciones de Ripple sobre reformas e intención de cumplir, la jueza Torres no encontró base legal para deshacer la sentencia.
Explicó que Ripple y la SEC solo pueden eliminar legalmente la orden y la pena a través de una apelación. Aclaró que solo un tribunal de apelaciones puede anular una sentencia final, no un acuerdo privado, y dijo que el estándar legal para hacerlo es alto—uno que encontró que ni Ripple ni la SEC habían cumplido.
«El tribunal respeta la libertad de las partes para resolver sus disputas de manera amistosa. También es cierto que la SEC, como cualquier otra agencia de aplicación de la ley, tiene la discreción de cambiar de rumbo después de que se inicie una acción de ejecución».
Señalando que su sentencia final encontró una violación de un Acta del Congreso de una manera que requería una orden judicial permanente y una pena civil para prevenir futuras violaciones, enfatizó: «Pero las partes no tienen la autoridad para acordar no estar sujetas a la sentencia final de un tribunal… las partes deben demostrar circunstancias excepcionales que superen el interés público o la administración de justicia… No se han acercado a hacerlo aquí.»
