Desestimación de la Demanda por Detención Ilegal
La Corte Suprema de Nigeria ha desestimado la demanda por detención ilegal presentada por el exejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, contra dos agencias gubernamentales. La demanda fue interpuesta contra la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) y la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA). Gambaryan alegaba que su detención por parte de las autoridades nigerianas era ilegal y prolongada, y buscaba hacer valer sus derechos fundamentales.
Fallo del Tribunal
En un fallo emitido el 27 de noviembre, el juez Umar Mohammed falló a favor del gobierno nigeriano, considerando la detención como legal. La decisión del tribunal se basó en el principio de no interferencia judicial con las funciones constitucionales de las agencias de seguridad de Nigeria. Según un informe local, el juez determinó que las acciones de la NSA y la EFCC contra Binance y su empleado eran constitucionales. Además, el juez concluyó que Gambaryan no había presentado evidencia que demostrara que gozaba de inmunidad ante la persecución en Nigeria o bajo la ley nigeriana.
Contexto de la Detención
Gambaryan, un exagente federal de EE. UU., fue detenido a principios de 2024, poco después de aterrizar en el país para discutir las supuestas infracciones financieras de Binance. Junto con su compañero de Binance, Nadeem Anjarwalla, Gambaryan fue inicialmente retenido en una casa de huéspedes mientras las autoridades preparaban cargos contra ambos y el intercambio. Sin embargo, tras la fuga de Anjarwalla, las autoridades trasladaron a Gambaryan al Centro Correccional de Kuje, donde permaneció durante meses.
Reacciones y Liberación
Su controvertida detención y los informes sobre su deterioro de salud provocaron protestas a nivel mundial, lo que llevó a funcionarios de EE. UU. a presionar al gobierno nigeriano para que lo liberara. Finalmente, Gambaryan fue liberado en octubre de 2024. Antes de presentar la demanda, había afirmado que su detención se debía a la negativa de Binance a pagar un soborno de 150 millones de dólares, una acusación que fue rápidamente desestimada por el gobierno nigeriano.